Ministerio Público acusó a representantes y abogados del Grupo Nación por evasión de impuestos

Caso de presunto fraude fiscal se sigue contra La Nación fue presentado al Ministerio Público desde el 2004. Foto CRH.

El Ministerio Públicó presentó el lunes pasado la acusación contra representantes y abogados de La Nación S.A. por dos delitos de evasión de impuestos, informó el diario La Nación en su edición de ayer.

Los imputados, según el rotativo, son Manuel Francisco Jiménez, presidente ejecutivo del Grupo Nación, Carlos González Jiménez, exviceministro de Hacienda y exmiembro del Comité de Vigilancia de la empresa y los abogados Javier León y Luis Javier Uribe.

Crhoy.com intentó obtener una reacción del abogado de la empresa, Carlos Tiffer, pero en la oficina se nos indicó que no se encontraba y al ser contactado al teléfono celular se interrumpió la comunicación.

Consultado el Ministerio Público al respecto, en un comunicado de prensa señalaron que la Fiscalía de Delitos Económicos, Tributarios y Aduaneros ha concluido la etapa preparatoria “y ha emitido la respectiva conclusión fiscal, que consiste en una acusación por dos delitos de defraudación fiscal tributaria”.

En la respuesta de la Fiscalía no se indica el nombre de los imputados en el caso.

El Ministerio Público indicó que la acusación fue comunicada, el lunes anterior, a la Procuraduría General de la República. “Una vez que transcurra el plazo de ley para que la representación del Estado se pronuncie si desea constituirse en parte, el expediente será remitido al Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José”.

Este medio consultó a Juan José Soto, procurador penal, si la Procuraduría se iba a constituir en parte en el proceso pero, mediante la oficina de prensa, indicó que no se referiría al caso.

Acuerdo para simular la venta

Según publicó La Nación, citando a la Fiscalía, entre los imputados hubo un acuerdo para simular la venta de las rotativas con la intención de evadir los impuestos e invertir el producto de la venta en el salvamento financiero de Corporación de Noticias, una empresa guatemalteca en la cual La Nación S.A. poseía una significativa participación accionaria.

A la izquierda, el abogado de La Nación, Carlos Tiffer no respondió consultas ayer. CRH

En documentación de la Dirección de Tributación, quien en el 2004 elevó el caso al Ministerio Público, se indica que La Nación S.A. habría simulado la venta de dos rotativas viejas ya depreciadas a Capital Leasing Corporation, sociedad constituida por Carlos González Jiménez, por un monto de $2 millones.

Capital Leasing Corporation de Belice, a su vez, habría simulado la venta de la misma rotativa a Arrendadora Interfín S.A., de la cual Luis Liberman era vicepresidente, por la suma de $5 millones, generando una ganancia a la compañía de Belice de $3 millones.

“…Entre la primera transacción de venta de los activos de referencia realizada el 28 de setiembre del 2001 y la última con Arrendadora Interfín S.A. el precio de las rotativas se incrementó en un 150%, lo cual resulta abiertamente cuestionable. En este sentido, llama la atención el hecho de que la compraventa realizada entre La Nación S.A. y Capital Leasing Corporation se haya generado una pérdida para la vendedora respecto al valor de que dichos bienes poseían en libros (al momento de registro de dicha venta, el valor en libros de dichas rotativas ascendía a ¢675.853.360,69), pero que solo dos meses después, los mismos activos sean vendidos con un precio absolutamente incoherente al mostrado en la primera transacción…”, señala el documento tributario.

En la publicación de La Nación, Erick Gatgens, abogado de Carlos González, indicó que le resulta sorpresiva y prematura la acusación de la Fiscalía porque en el proceso todavía hay gestiones pendientes de resolver.

Sin embargo, en la respuesta enviada a este medio, el Ministerio Público señaló que si bien es cierto existe una audiencia pendiente para conocer alegatos de nulidad presentados por la defensa de los imputados, “…se consideró que el debate sobre este punto se ha prolongado por un tiempo más que razonable, por lo que se decidió dar por concluida la investigación. Lo que a futuro se vaya a resolver sobre lo alegado por los defensores, será considerado en etapas posteriores, según los alcances de la resolución, dado que las gestiones por sí solas, de momento, en nada influyen, condicionan o restringen la requisitoria fiscal…”.

No afecta la acusación

Según la página web del Poder Judicial el magistrado que mantiene en estudio dicho recurso es Ernesto Jinesta Lobo. Foto CRH.

El 12 de abril del año pasado, el Tribunal de Juicio de Goicoechea condenó a Mayra Zamora Alvarado, de 44 años, hermana de la diputada libertaria Mireya Zamora, a 10 años de cárcel por defraudación fiscal.

Los abogados de Zamora interpusieron un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 92 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios y los abogados de La Nación se unieron a este recurso ya que la norma impugnada es la que indica que cuando el monto defraudado exceda de doscientos salarios base, será sancionado con prisión de cinco a diez años quien induzca a error a la Administración Tributaria

Este medio consultó a la Fiscalía si la acusación presentada se vería afectada por dicho recurso presentado a la Sala Cuarta, que aclaró: “sobre el tema de la acción de inconstitucionalidad que se estudia en otra instancia del Poder Judicial, de momento eso no afecta la acusación planteada”.

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